Suspensiones judiciales mantienen frenados los megaproyectos de GNL en Sonora: Nuestro Futuro
Los proyectos de gas natural licuado (GNL) Saguaro Energía y AMIGO GNL enfrentan procesos judiciales que mantienen en disputa sus autorizaciones ambientales, señaló la organización Nuestro Futuro A.C.
Durante el taller ¿Qué está en juego para Sonora si se convierte en un corredor de gas licuado de exportación?, Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro y abogada en los casos, explicó que ambos proyectos se encuentran en distintas etapas regulatorias.
Saguaro Energía, proyectado en Puerto Libertad, cuenta con una autorización ambiental otorgada originalmente en 2006 para una planta de regasificación, modificada en 2018 para convertirla en una terminal de licuefacción y exportación. Actualmente enfrenta más de nueve juicios de amparo y una suspensión que impide el ingreso de buques metaneros vinculados al proyecto al Golfo de California.
En tanto, AMIGO GNL, proyectado frente a Guaymas, presentó su Manifestación de Impacto Ambiental ante la ASEA en noviembre de 2025. Durante la consulta pública, iniciada en marzo de 2026, se recibieron más de 4 mil 800 comentarios de organizaciones y ciudadanos.
Cabrera señaló que desde mayo de 2026 un juicio de amparo mantiene suspendida la emisión de la Autorización de Impacto Ambiental del proyecto.
“Los permisos ambientales de AMIGO GNL aún no existen. Mientras existan juicios pendientes sobre su legalidad, la construcción no debería iniciar”, afirmó.
La organización también advirtió sobre los posibles impactos ambientales de ambos proyectos, principalmente por el aumento del tráfico de buques metaneros, ruido submarino, riesgo de colisiones con fauna marina, dragados y alteraciones en la calidad del agua.
Especialistas señalaron que los impactos deben analizarse de manera acumulativa y a escala de todo el Golfo de California, considerando también gasoductos, terminales, tráfico marítimo y demás infraestructura asociada.
Nuestro Futuro llamó a distinguir entre los anuncios de inversión, las manifestaciones de impacto ambiental y las autorizaciones ambientales, así como a dar seguimiento a los procesos judiciales para conocer el estatus real de los proyectos.
