Vinculan a proceso a 13 militares por homicidio de dos menores en Sinaloa
A casi un año de los hechos, un juez federal vinculó a proceso a 13 elementos del Ejército mexicano por el homicidio de dos niñas, Leidy y Alexa, ocurrido en Sinaloa, así como por la tentativa de homicidio en contra de otros integrantes de su familia.
El caso, en el que está involucrada la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ha generado atención en torno al uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la responsabilidad de las autoridades en el acceso a la justicia.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, en Sinaloa. La familia se trasladaba en una camioneta rumbo a la escuela cuando, tras encontrar un bloqueo en el camino, decidió regresar a su domicilio. En ese momento, un convoy militar disparó contra el vehículo sin que se emitiera una advertencia previa.
Inicialmente, las autoridades señalaron que se trató de un enfrentamiento; sin embargo, esta versión no fue modificada posteriormente. Como resultado del ataque, fallecieron las dos menores, de 11 y 7 años, y otras personas resultaron lesionadas.
El 6 de abril de 2026, durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó elementos de prueba que apuntan a un uso ilegal de la fuerza, al no apegarse a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
El juez determinó que los militares actuaron bajo la figura de dolo eventual, al considerar que, por su formación, podían prever las consecuencias de disparar contra el vehículo.
Por su parte, la defensa de los elementos argumentó que estos actuaron en un contexto de violencia en la entidad, bajo condiciones de tensión. No obstante, el juzgador concluyó que no existían elementos que justificaran el uso de la fuerza letal en este caso.
Desde el inicio, las familias de las víctimas han señalado un uso indebido de la fuerza y han solicitado justicia, con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos.
El caso representa un reto para las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, que deberán garantizar un proceso conforme a derecho y con apego a estándares de derechos humanos. Asimismo, ha reactivado la discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y la necesidad de prevenir hechos similares.
